155 is coming back

La campaña electoral está de vuelta. Y con ella -igual que el turrón en Navidad- vuelven los insultos, descalificaciones y menosprecios que de manera hipócrita manejan unos y otros con la única intención de arañar un puñado de votos, sin tener en cuenta el odio que siembran entre la población ni la desconfianza que van generando en quienes van a constituír sus apoyos en futuros gobiernos.

Hace tiempo que me preocupan estos políticos de cera, que renuncian a hacer Política en pro de una demagogia tabernera que les permita ocupar más sillones en los 3 poderes del Estado y por tanto, más puestos en futuros consejos de administración, que todo va en el mismo lote. Pero más me preocupa que la extrema derecha [la oficial] siga marcando la agenda política española, aunque las encuestas auguren un importante retroceso en sus resultados.

No hace tantos años que la mayor parte de los telespañolitos no sabíamos de la existencia de un artículo como el 155 en la Constitución. Nadie se había propuesto aplicarlo, ni siquiera mentarlo, por la desafección o la desconfianza que pudiese ocasionar en ciertos sectores de la población. Tuvo que llegar el procés català, al que no se ha sabido ni querido dar solución desde la Política, para que afloraran las hordas del nacionalcatolicismo con su olor a corneta y alcanfor, exigiendo la aplicación del famoso artículo, cuya capacidad -a día de hoy- ya disputa popularidad en los bares a la controversia generada por los árbitros de fútbol.

A este toque de corneta acudieron de [casi] todos los espectros electorales, envolviéndose en un orgullo patrio de banderitas en la muñeca y cuentas corrientes en Panamá. Ahora parece que hemos dado un paso más. Aquel 155 que casi nadie quería ni siquiera plantear hace unos pocos años se ha convertido en una amenaza constante: no hay día que no se hable de su aplicación. Y lo que es más grave, ya hay quien se atreve a proponer sin pudor una aplicación preventiva, recordando aquel “mundo sin violencia” de Minority report y avanzando un paso más hacia las distopías que consumimos en películas y series mientras pensamos que nunca podrán hacerse realidad.

Han pasado 2 años del 1-O. Y en diciembre se cumplirán 14 años del recurso de inconstitucionalidad que -como un juego inconsciente- presentaba el PP contra aquel Estatut de Catalunya aprobado por el 89% del Parlament, que abrió la caja de los truenos y nos condujo a la situación actual. En unos días conoceremos la sentencia, la primera de muchas decisiones judiciales que van a llegar sobre el procés, y la situación no ha mejorado, antes bien, todo lo contrario. Ni soufflés, ni boicots, ni domicilios fiscales, ni judicializaciones (lógicamente) han arreglado el principal problema que ha tenido el Estado español en los útlimos 40 años.

Probablemente nunca lleguemos a conocer la factura de lo que nos ha costado esta pésima gestión del problema, más allá del chapucero envío de cuerpos y fuerzas de seguridad a Catalunya. Al despliegue de tropas en la frontera de Letonia, a la renuncia de Oficinas Europeas u otros acuerdos comerciales o fiscales, habrá que añadirle lo que venga, que no va a ser poco. Llegados a este punto, sería de Justicia (la del principio moral, no la del Derecho), exigir responsabilidades a quienes por su irresponsabilidad, por su negligencia o por su ineptitud nos han traído hasta aquí.

La revisión de la relación de Catalunya con el Estado se ha convertido en una bicoca, tanto para unos como para otros, pues les permite esconder bajo una gran bandera la pérdida de derechos laborales, el recorte en gasto sanitario, las políticas y estrategias para frenar la despoblación en el rural o la pérdida de poder adquisitivo de jubiladas y jubilados, entre otras “menudencias”. No le vendría mal al interés general, ahora que está tan de moda eso del constitucionalismo (dime de qué presumes y te diré de qué careces) escuchar propuestas de aplicación y debates apasionados sobre artículos tan “constitucionales” como el 31, que apela a los principios de igualdad y progresividad en la recaudación de impuestos o el 47, que habla de la vivienda como un derecho y no como una inversión, instando a regular la utilización del suelo de acuerdo al interés general e impidiendo la especulación. Pero, claro… eso implicaría trabajar, gestionando contradicciones o poniendo en marcha proyectos políticos serios y, además (¿por qué no decirlo?), podría perjudicar a alguno de los consejos de administración que “nos ganamos” en las urnas.