Soraya S. de Santamaría (vicepresidenta del Gobierno de España)
“Quienes fueron condenados a muerte será porque se lo merecían”
Manuel González Capón (Alcalde de Baralla - Lugo)
Más allá de la tristeza, convertida primero en honda decepción y después en profunda desconfianza hacia los poderes del Estado, me pregunto si -al albur de las recientes declaraciones de la número 2 del Ejecutivo y actual máxima responsable de la Generalitat de Catalunya (aunque su partido hubiera cosechado en las últimas elecciones menos de 350.000 votos, un 8,5%)- vamos a asistir en las próximas semanas a la defensa y cumplimiento exhaustivo de la legislación española a la que, por cierto, no nos tienen nada acostumbrados.
Y no, no sólo me estoy refiriendo a pedir factura con IVA en los arreglos de tu casa o de la sede de tu partido, ni a respetar el código de circulación… Ni siquiera a las numerosas ordenanzas que se aprueban cada año sabiendo que no se les va a dar cumplimiento ni siquiera desde las Administraciones. Hablo de ese imperio de la ley al que le han salido unos defensores integristas que bajo el manto de la sacrosantidad [para algunas cosas] de la Constitución Española, se olvidan de que las leyes son creadas por las personas para garantizar la convivencia y el respeto dentro de una determinada sociedad, y que cuando no cumplen estos objetivos, es señal inequívoca de que se impone una revisión de las mismas. Los primeros constitucionalistas (algo más propio, todo hay que decirlo, del otro lado del Atlántico), ya lo tenían claro hace más de 100 años, indicando que “los hombres hacen sus propias leyes, y que esas leyes no emanan de alguna presencia omnipresente y misteriosa en el cielo, y los jueces no son los parlantes independientes del infinito”1. Claro que esta extemporaneidad llega a ser más entendible al descubrir que algunos de los actuales “constitucionalistas” españoles votaron en su día en contra o promovieron la abstención en aquel referendum en donde el 59% de los españoles del censo votaran SÍ a la Carta Magna, a esa misma que ahora han ideologizado al añadirle el “sufijo militante”.
Haciendo un repaso rápido, paso a enumerar algunas de las leyes que se incumplen día a día, confiando en que la señora Santamaría se pondrá manos a la obra para garantizar el cumplimiento de las mismas:
LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El Artículo 12.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura dice “El Gobierno, en colaboración con todas las Administraciones públicas, elaborará un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones. Asimismo, celebrará los oportunos convenios de colaboración para subvencionar a las entidades sociales que participen en los trabajos”. Desde 2013 se ha eliminado toda partida dirigida a restaurar la memoria histórica de los españoles incumpliendo el contenido de esta ley. Hemos permitido que cientos de miles de españolas y españoles murieran sin poder localizar los cuerpos de sus padres asesinados por los responsables del Golpe de Estado nacionalista de 1936 y la posterior dictadura franquista. No me entra en la cabeza que en España haya hoy 100.000 personas en las cunetas sin una sepultura digna y no se considere un problema de primer orden al que poner solución.
LEY DE LA DEPENDENCIA
Aunque la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece que el gasto se dividirá a partes iguales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado sólo aporta el 18,1% del total del gasto público para financiar la normativa, lo que provoca que cada día mueran 90 personas dependientes sin recibir las ayudas a las que tenían derecho. Poca broma con esto, la madre de quien escribe fue una de las personas que tenían reconocida prestación por dependencia y murió sin llegar a percibir ni un solo euro. Más diría yo, sin recibir ni una disculpa por parte de las administraciones responsables.
LEY DEL INDULTO
En la última reforma del Código Penal, que data de marzo de 2015, se introdujo una disposición adicional en la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia del Indulto, que obliga al Gobierno a remitir semestralmente un informe al Congreso con la concesión y denegación de indultos, además de ser éste presentado por un alto cargo del Ministerio de Justicia. Esta situación irregular, que se incumple habitualmente, se acrecienta al comprobar que el 54% de los indultos del Gobierno de Rajoy contaron con un informe desfavorable de jueces o fiscales, o descubrir que por esta puerta están saliendo a la calle personas condenadas por corrupción, sumando hasta 227 indultados con delitos de corrupción desde el año 1996.
COMPARECENCIA EN EL CONGRESO
La Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se desarrolla la Comisión Mixta para la Unión Europea especifica en su artículo 4 que “el Gobierno comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados con posterioridad a cada Consejo Europeo ordinario o extraordinario, para informar sobre lo allí decidido y mantener un debate con los grupos parlamentarios”. Hace poco más de un año que asistimos al incumplimiento reiterado de la citada ley por parte del actual Gobierno, incluso cuando fue requerido por el propio Congreso de los Diputados.
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
El Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, reformado en 2010 con el RD 1526/2010, de 15 de noviembre, obliga al Gobierno a reunir el Consejo de Participación de la Mujer al menos 2 veces al año, hecho que incumple flagrantemente no convocando el mismo desde el año 2014.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 3.2. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. No hay nada como pertenecer a una nacionalidad con lengua propia y apreciar como la discriminación progresiva en las instituciones y en los medios de comunicación de nuestras lenguas propias hacen que incluso no sea fácil encontrar material didáctico para poder aprenderlas. Todo esto mientras escuchamos al triste ex-ministro Wert que había que “españolizar a los escolares catalanes” o asistimos a reformas educativas que marginan la inmersión lingüística, en contra de algunas recomendaciones de la UNESCO.
Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Ni la estructura interna ni el funcionamiento de los mismos son democráticos, ni siquiera teniendo en cuenta a sus afiliados. La profesionalización de la política ha provocado que sea prioritario el control del aparato para poder asegurarse un puesto calentito y bien pagado (con el dinero de todos).
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. Ufff! Este no necesita demasiado desarrollo. Vemos a condenados por delitos de corrupción vivir alegremente en Suiza mientras una madre va a la cárcel por comprar comida para su hija con una tarjeta perdida o la fiscalía pide cárcel para una pareja por robar comida en un supermercado. Asistimos al encarcelamiento preventivo de representantes políticos de un modo, cuando menos controvertido, mientras vemos cómo docenas de “casos aislados” que han robado millones de Euros al conjunto de los españoles son tratados con especial respeto en sus detenciones e inmediatas puestas en libertad. O somos testigos de cómo la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue manteniéndose, actualmente en el 23,25%.
Artículo 16.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. La Iglesia Católica sigue siendo la única que mantiene un Concordato con el gobierno. Este acuerdo que se firmó en 1979 como prolongación del de 1953 y anteriores, concede prebendas a la Iglesia en materia fiscal y establece un periodo de tres años para que ésta se autofinancie. En cambio, a día de hoy se sigue sosteniendo económicamente por la vía de los presupuestos generales del Estado, es decir, a costa de todos, católicos o no. Asimismo, en el terreno educativo, la asignatura de religión únicamente habla de la religión católica y los profesores, elegidos por la propia Iglesia, están pagados por el Estado. Por otra parte, el informe anual de EE UU sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo denuncia denuncia que las minorías en España no tienen igualdad de oportunidades frente a los católicos.
Artículo 18.3 Derecho a la intimidad. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Del 10 de diciembre de 2012 al 8 de enero de 2013, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos espió 60 millones de llamadas en España. Y con la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), este derecho a la intimidad ha quedado seriamente en entredicho.
Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
Artículo 21.2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. El 15M, la reacción ante los recortes y las continuas protestas ciudadanas ante distintas medidas aprobadas por el Gobierno, ha provocado que éste reaccione decretando leyes más duras contra el derecho de reunión y manifestación. Añadir a esto las brutales cargas policiales, que en ocasiones se a menudo parecen más un elemento disuasorio que de orden público.
Artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros anuales, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español. Con una presión fiscal 4 puntos por debajo de la media europea, más laxa y con mayores oportunidades de no tributación para con las mayores fortunas, la recaudación española se convierte en casi un paraíso fiscal encubierto, en donde las grandes fortunas tributan al 1% a través de SICAV, justo lo opuesto a lo indicado en este artículo de la Constitución.
Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Casi 4.000.000 de personas no pueden ejercer este derecho, mucho menos elegir en dónde trabajar. A esto hay que añadir los centenares de miles de trabajos precarios cuya remuneración no cubre las necesidades mínimas del trabajador. Es la primera vez en nuestra Historia (sin contar la época feudal) en que un puesto de trabajo no garantiza siquiera la comida diaria bajo un techo propio.
Artículo 37: La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Las últimas reformas laborales acaban de hecho con el artículo 37, puesto que los convenios ahora pueden ser vulnerados aduciendo cualquier razón económica, técnica, organizativa o de producción.
Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Sólo el 57,31% de los parados recibe prestaciones por desempleo. Huelgan más comentarios.
Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Las 'mareas blancas' han recorrido las calles de la geografía española en defensa de la Sanidad Pública y contra los recortes. Privatización de servicios, falta de atención sanitaria a los 'sin papeles' o el copago de medicinas y servicios, son algunas de las consecuencias de la austeridad. La OCDE acaba de hacer público un informe que sitúa a España entre los países que más han recortado en Sanidad.
Artículo 44.1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. La subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 8 al 21 por ciento en las entradas a cines teatros, circos, conciertos y exposiciones ha dejado tocado al sector. España es el país con un IVA cultural más alto, Francia tiene el 5,5%, Alemania el 7%, Italia el 10% y Portugal o Grecia el 13%. Además de no facilitar el acceso a la cultura a la población, estas medidas han provocado una pérdida de 30.000 empleos en el sector y un 18,5% de merma en la recaudación cinematográfica (uno de los sectores más afectados).
Artículo 44.2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la inversión en investigación y desarrollo (I+D+i) cayó un 2,8 por ciento el año pasado. El porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que España dedica a ciencia cae al 1,33%, la media europea es el 2 por ciento. Según el informe anual de la Fundación COTEC, mientras el conjunto de la UE invierte hoy un 25% más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, nuestra economía invierte un 10% menos. Por otra parte, el CSIC ha perdido el 15% de su personal en 2 años y medio.
Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Sólo en el primer trimestre de 2014 perdieron su viviende 26.549 familias. A lo largo de la crisis, los medios de comunicación se han hecho eco de 15 suicidios provocados por esta circunstancia, totalmente contraria al articulado de nuestra Constitución.
Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. El Gobierno de Rajoy recortó en la pasada legislatura 2.865 millones de euros en dependencia, lo que provocó que un tercio de las personas que tienen reconocido un nivel de dependencia (más de 300.000) no recibe ninguna prestación o servicio del sistema.
Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Artículo 128.2 Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Justo lo contrario de la política económica que se ha estado llevando a cabo en las últimas décadas. Dinero público entregado a los bancos, mientras los ciudadanos tenemos que asumir sus costes. La gestión del agua entregada a empresas privadas para servir a intereses particulares. Viviendas vacías en manos de los bancos que esperan el mejor momento para especular con ellas. Compañías de sectores estratégicos (electricidad, gas, banca, petróleo, transporte, telecomunicaciones), creadas con el dinero de todos y de titularidad pública hasta hace pocos años, que pasaron a manos privadas a precios ridículos, generando oligopolios y subidas de precios en productos de primera necesidad, que perjudicaron seriamente la economía de toda la ciudadanía, además de abrir las puertas giratorias que ofrecen puestos muy bien remunerados a los parásitos de lo público. La riqueza de este país no está subordinada a nada que no sea el interés particular de unos pocos, y menos al interés general de las españolas y los españoles.
En relación con esto, se renuncia a toda planificación económica que contempla el artículo 131.1, que dice: El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
Así las cosas, mucha labor tienen los autodenominados “constitucionalistas” para demostrarnos que lo suyo no es un esnobismo ni una tomadura de pelo. De no ponerse a trabajar en la garantía y cumplimiento de las leyes arriba enumeradas, vamos a tener que pensar que su continua judicialización y futbolización de la política no es más que una excusa para tenernos entretenidos pegándonos unos a otros en la barra del bar, mientras ellos siguen parasitando de lo público con cargo a los Presupuestos del Estado.
Política, ya hemos comprobado que no quieren hacer (no sabemos si por renuncia expresa o por ignorancia) y las acciones judiciales están siendo tomadas por una persona reprobada por el Legislador, que aún ocupa un puesto relevante en el Poder Judicial. Si además de todo esto tampoco cumplen las leyes, que es en lo que ahora centran su línea ideológica, qué hacen estas señoras y estos señores gestionando nuestros recursos y nuestras vidas?
1 Oliver Wendell Holmes Jr. citado por Francis Biddle en “Justice Holmes, Natural Law and the Supreme Court"
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