Las [rancias]
declaraciones efectuadas ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, seguro se han
convertido en uno de los principales temas de conversación, situando a eso que
dimos en llamar “comunidades autónomas” en los primeros puestos de todas las
listas de enemigos públicos, incluso por encima de mercados, delincuentes,
dictadores, primas de riesgo y políticos mentirosos.
Por supuesto, las declaraciones de Aguirre no son inocentes ni
improvisadas. Aparte de la demagogia más canalla, adolece de la mala intención
de enconar la crispación generada por algunos de los profesionales de la
política a los que -por desgracia- tenemos en nómina.
Aún siendo un tema muy manido, se hace
preciso recordar que el Estado de las Autonomías es el que durante la
Transición propició que la ciudadanía española trabajara coordinadamente –por
una vez en la historia- en la construcción de un futuro común y en paz; después
de la muerte del general Franco, aquel dictador que sumió a España en un retraso
continental de 4 décadas y a quien la propia Esperanza Aguirre considera
“bastante socialista”. Tampoco está de más recordar que nuestra Transición
nunca se llegó a cerrar, quedando obligada una parte de la ciudadanía a dar
carpetazo a 40 años de terror y humillación, haciendo la vista gorda y
esperando a que generaciones venideras pudiesen acabar aquella construcción
pacífica a través del diálogo y del entendimiento.
Achacarle a las autonomías todos los
problemas socio-económicos en los que nos han metido esta casta de parásitos de
la Política es –cuando menos- una excusa de mal pagador, por no incidir en lo
peligrosa que me parece la percepción ideal que de la estructura del Estado
tiene esta señora, entre otras cosas por la semejanza con la de tiempos
pre-democráticos.
Por otra parte, siempre me llamó la
atención el enorme edificio que en el Paseo del Prado tiene el Ministerio de
Sanidad. Una estructura que me hace pensar en el elevado coste que le debe de
suponer a las arcas públicas mantener este solar en uno de los lugares en los
que el precio del metro cuadrado es más caro, por no hablar de la cantidad de
trabajadores que allí ejercen su labor. Y todo esto ¿para qué?¿Cual es la
función de este ministerio si sus competencias están completamente transferidas
a las comunidades? Las mismas dudas nos podrían suscitar los ministerios de
Educación, Vivienda (que llegó a tener otro gran espacio en la parte alta de la
Castellana)...
¿Y las Diputaciones? Esas instituciones
decimonónicas creadas en su momento para una estructura territorial basada en
provincias y que siguen aguantando contra vientos y mareas aunque nadie sepa
realmente para qué sirven.
La reestructuración territorial sigue
siendo una cuenta pendiente, del mismo modo que lo es la reconciliación del
Estado con su pasado. De todos modos, si lo que nos preocupa es de dónde
obtener un balance positivo en nuestras cuentas, hay muchos temas que debieran
ocupar un lugar preferente en debates y propuestas. Sólo por aportar algunos:
- La amnistía fiscal (que premia a
los delincuentes y castiga a los ciudadanos cumplidores), que abre la puerta a
la legalización del dinero proveniente del narcotráfico y la prostitución.
- La progresividad en la recaudación
de impuestos. En España las rentas más altas siempre son las más
beneficiadas, en contra de lo que indica nuestra Constitución.
los paraísos fiscales permitidos.
- El dinero que se aporta a una
confesión religiosa –por acción y por omisión-, que nunca se ve recortado.
- Los beneficios fiscales y
retributivos de los políticos.
- La aportación preferente y desmedida
de fondos y garantías al sistema financiero privado.
- Y -sobre todo- el respeto a la
“soberanía de la nación”, que se ve denostada una y otra vez viendo cómo el
gobierno da a conocer sus medidas primero en el extranjero o a través de
comunicados de prensa, además de rehusar las declaraciones públicas en los
momentos más difíciles.
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